Tres teléfonos celulares pertenecientes a dos efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires fueron secuestrados el sábado de una vivienda de la localidad de Pradere, partido de Villarino, en el marco de la causa por la muerte de Facundo Astudillo Castro, cuyo cuerpo fue hallado en agosto del año pasado en un cangrejal de la localidad bonaerense de General Daniel Cerri, informaron fuentes de la investigación.

El procedimiento fue realizado por efectivos de Gendarmería en el domicilio de las agentes Jana Curruhinca y Siomara Flores ubicado en la localidad de Pradere, próxima a Pedro Luro y en el partido de Villarino.

Una fuente allegada a la causa indicó que «el operativo realizado por Gendarmería Nacional había sido ordenado en las últimas horas por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca».

Los citados efectivos fueron quienes tuvieron contacto con Facundo en distintos momentos el 30 de abril del año pasado, cuando salió de su casa de Pedro Luro con destino a Bahía Blanca y luego desapareció.

«En la vivienda de Pradere, lugar donde residen los policías se secuestraron tres teléfonos celulares, los que posteriormente deberán ser analizados en el marco de la causa Astudillo Castro», agregó el informante.

Durante el operativo también se dirigieron al lugar Cristina Castro, madre del joven junto a uno de sus abogados, Luciano Peretto.

«Salió una orden de la Cámara Federal de Bahía Blanca donde se ordenó el secuestro de los celulares en el domicilio de Siomara Flores y de Jana Curruhinca», señaló Cristina Castro.

La mujer, desde Pedro Luro, lugar donde reside, comentó que la Cámara «ordenó levantar todo teléfono móvil que hubiera en ese lugar y así fue», al indicar que les había sorprendido «que no querían entregar un teléfono aduciendo de que era una de las sobrinas, pero igual se lo llevaron».

«Si bien teníamos orden de la fiscal Iara Silvestre de poder ingresar a la vivienda, decidimos quedarnos afuera dado la hostilidad que nos daba la gente de Gendarmería», agregó la mujer.

Castro dijo que en el marco del procedimiento «se secuestraron tres teléfonos celulares» y que cuando estaba por culminar el mismo se presentó en el lugar «Mario Gabriel Sosa», en referencia a otro de los policías bonaerenses.

«El entró en el domicilio donde se estaba allanando, por lo que la gente de Gendarmería lo tuvo que sacar del lugar hasta que se terminara», agregó la mujer al señalar que en dicha vivienda «al parecer además de las dos mujeres policías viviría Sosa».

«El año pasado los policías y por orden de la Cámara habían entregado teléfonos rotos y viejos, por lo que los fiscales pidieron una nueva intervención de la jueza (Gabriela Marrón) para que entreguen los teléfonos que realmente estaban usando», dijo.

La mujer agregó que como la jueza “negó” el pedido, “se recurrió a la Cámara, quien fue la que dio la respectiva autorización», en referencia al allanamiento del sábado.

Al ser consultada sobre si había novedades por las pericias de las prendas de vestir de su hijo secuestradas y una zapatilla hallada en General Cerri, Castro dijo que esperan ambos resultados.

«Todavía no tenemos los resultados, que fue la gran controversia la semana pasada en una reunión con los fiscales donde les dije que no podía ser que a un año no había resultados y que es lo que podíamos esperar», expresó.

Cristina agregó que le “parece injusto teniendo los medios que utilizan en otros casos y se mueven rápido, que en este pareciera que van arriba de una tortuga”, lo que la “desespera».

La causa es investigada por los fiscales Horacio Azzolin, Andrés Heim y en los últimos meses se sumo la agente fiscal pampeana Iara Silvestre, en reemplazo de Santiago Ulpiano Martínez de Bahía Blanca y quien fue el primero en comenzar con el expediente.

De acuerdo a la pesquisa, en plena cuarentena por el coronavirus el joven salió rumbo a la casa de su novia, con quien había discutido, y tras ser interceptado por la Policía por violar el aislamiento social preventivo y obligatorio, nada más se supo de él.

Recién el 15 de agosto del año pasado sus restos fueron hallados en un cangrejal de la localidad de General Daniel Cerri.

Su madre y abogados están convencidos de la responsabilidad policial en lo sucedido con Facundo, quien, según la autopsia, sufrió una muerte por asfixia por sumersión.