La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) celebró que la Suprema Corte de Justicia haya creado el «Registro de aspirantes a ingresar al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la Ley Nº 14783», por medio del cual podrán inscribirse personas travestis, transexuales y transgénero, y la calificó de una «conquista histórica».

Mediante la Resolución 920/21 el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires dispuso que en el Registro podrán inscribirse las personas travestis, transexuales y transgénero con interés de incorporarse y que reúnan las condiciones de idoneidad requeridas para el cargo.

En un comunicado, el sindicato expuso que la reglamentación «constituye una conquista enorme del colectivo travesti trans, del movimiento transfeminista y AJB, que desde hace años ha levantado esta bandera y ha exigido su implementación».

Recordaron que en el año 2018 el sindicato presentó un proyecto de regulación que establecía como piso el cupo del 1% que establece la ley y otras propuestas tendientes a garantizar la inclusión laboral travesti trans «con la adopción de medidas positivas puntuales para evitar la discriminación, tales como la no exigencia de antecedentes penales, ni estudios formales completos».

«En el año 2019, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) acompañó el proyecto con una presentación a la Suprema Corte, en la que se reclamaba la incorporación del cupo y la inclusión travesti trans, destacando la lucha de la AJB y poniendo especial énfasis en la voluntad política del sindicato en la promoción de acciones para la inclusión del colectivo trans en el mundo laboral», apuntaron.

«Este es un gran logro del sindicato, y en particular de la Secretaría de Géneros, que desde hace años ha tomado con fuerza esta demanda y ha incluido el reclamo en cada lucha llevada adelante por el sindicato en materia de género», señaló Débora Bertone, secretaria de Géneros e Igualdad de Oportunidades de la AJB.

«La inserción al mercado laboral de las personas trans es una deuda del Estado que necesitaba una respuesta urgente por parte del Poder Judicial. Una comunidad muy castigada por la imposibilidad de acceso a un trabajo formal y la consecuente negación de derechos fundamentales como la vivienda, la salud y la educación, con un promedio de vida muy bajo, que en la actualidad se mantiene en los 35 años», agregó.