El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) avaló la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante del municipio bonaerense de Avellaneda para aplicar un régimen de «parcelamiento y edificación obligatorios», y dijo que la iniciativa servirá para «disminuir la cantidad de inmuebles y terrenos en desuso» y para «una planificación urbana más eficiente».
«El instrumento -explicó- tiene como objetivo generar incentivos para que las personas propietarias le den una utilidad a terrenos o inmuebles que mantienen en desuso y para esto establece un impuesto diferencial sobre estos inmuebles».
La iniciativa establece que si luego de un plazo de 8 años los propietarios aún mantienen el inmueble en desuso, «la propiedad se declara de utilidad pública y queda sujeta a expropiación, lo que significa que el Estado le compra al propietarie su inmueble a precio de mercado».
Por su parte, el intendente municipal de Avellaneda Alejo Chornobroff, rechazó los «cuestionamientos mediáticos de sectores opositores», a los que definió como un «operativo de confusión y difamación».
«La ordenanza responde fundamentalmente a razones de ordenamiento territorial», explicó Chornobroff, y agregó que «forma parte de los planes y estrategias que nos permiten consolidar políticas públicas que promocionen la integración socio-urbana y el desarrollo sostenible».
«Surgió porque con Magdalena (Sierra) y con Jorge (Ferraresi) nos planteamos cómo repensamos el urbanismo, y lo hicimos a partir de las herramientas legislativas existentes, como la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat», afirmó el jefe comunal en declaraciones al diario La Ciudad.
«Esta ordenanza municipal -acotó- nos permite establecer una regulación urbanística como existe en muchos países del mundo desarrollado».
El CELS, en tanto, estimó que «tener vacío un terreno o un inmueble en una zona donde hay servicio de agua, luz, recolección de residuos, escuelas, etc. es poco eficiente en términos económicos porque obliga a destinar fondos públicos para construir nuevas redes de infraestructura cuando aún hay inmuebles disponibles que sí cuentan con esos servicios».
«Mantener inmuebles en desuso disminuye la oferta y aumenta los precios en el mercado inmobiliario, lo cual dificulta el acceso a la tierra y a la vivienda para sectores medios y bajos», apuntó.
«El parcelamiento y edificación obligatorios es un instrumento urbanístico reconocido e implementado en otros países. En Brasil, por ejemplo, está reconocido en el texto de la Constitución Nacional y se implementa en ciudades como Porto Alegre, Río de Janeiro y San Pablo», señaló el CELS.