En 2020, la Auditoria General de Asuntos Internos (AGAI) de la policía bonaerense inició 901 sumarios a personal involucrado en hechos de violencia de género y familiar, de los cuales 29 terminaron en expulsión y 58 efectivos fueron suspendidos.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Seguridad anunciaron que comenzarán a aplicar un nuevo protocolo interno de actuación para estas situaciones.

La cifra de actuaciones ante estos casos fueron suministradas a Télam por Laura Piana, asesora de Darío Díaz, titular de la Auditoria.

El femicidio de Úrsula Bahillo, asesinada por el policía Matías Ezequiel Martínez, atrajo la atención pública sobre este delito, que también ocurre en el ámbito policial.

En ese contexto, Agustina Baudino, directora provincial de Políticas de Género y Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, contó a esta agencia que «está en proceso de autorización un protocolo que se viene utilizando desde 2012» para situaciones de violencia que impliquen a personal policial.

Se trata del `Protocolo para la evaluación y tratamiento del personal de las policías de la provincia de Buenos Aires en casos de violencia familiar’, creado por resolución 2277 del 29 de noviembre de 2012.

Piana explicó que este protocolo «está vigente» y detalló cómo se activa.

«La víctima hace la denuncia y comenzamos a trabajar con las distintas áreas para evaluar si el personal denunciado puede seguir usando el arma reglamentaria, se hace un psicodiagnóstico y de situación socioambiental», indicó la funcionaria.

«También se consulta en Repar (Registro Provincial de Armas) si tiene otras armas registradas, mas allá de la reglamentaria», añadió.

Se inicia entonces «un sumario administrativo. En 2020 fueron 901 por violencia familiar y de género, hubo 29 expulsados, 58 suspendidos y el resto está en trámite», especificó Piana.

«Hay que tener en cuenta que la pandemia suspendió los términos procesales y eso dificultó el avance de las causas, que no son las únicas que ingresaron a la AGAI, donde hay 33 mil sumarios en trámite» por distintas temáticas, resaltó.

Los sumarios por violencias «tienen sus correspondientes pasos procesales. Si hay denuncia penal, hay comunicación con la Justicia», explicó.

Agregó que el sumario «puede terminar con una sanción suspensiva o expulsiva. Si es una suspensión, se añade un curso de capacitación en género».

En cuanto a las víctimas, hay dos situaciones: si es una mujer policía «se hace la primera atención con psicólogas de la Auditoria y luego se la deriva al área» de Políticas de Género y Derechos Humanos.

Si la denunciante no es de la fuerza «se articula con el Ministerio de Mujeres, con las áreas de Género de municipios, porque la asistencia a víctimas, nos excede», señaló Piana.

Como muchas víctimas temen denunciar en comisaría ya que se trata de agresores pertenecientes a la policía, la opción es que «lo hagan en los canales de comunicación habilitados por la Auditoria, en fiscalías o en el 911, si bien las comisaría deben tomar estas denuncias, por supuesto», resaltó la asesora del organismo.

Los casos «se evalúan en una Comisión, una mesa de trabajo donde nos reunimos distintas áreas de Seguridad para ver cómo siguen esas situaciones», agregó.

Por su parte, Baudino confirmó que «en breve» se conocerá el ‘Protocolo para el abordaje, evaluación y tratamiento del personal de las policías de la provincia de Buenos Aires en situaciones de violencia de género y violencia familiar’.

Esta versión actualizada incorpora la violencia de género y «optimiza el abordaje integral, la asistencia interdisciplinaria y el procedimiento que se realiza desde Asuntos Internos», contó la funcionaria.

En caso que el personal denunciado no sea exonerado y se quede en la fuerza «además de la sanción y el curso de capacitación en género, el protocolo actualizado plantea otra estrategia de trabajo, un dispositivo de acompañamiento mas integral».

Además incorporará «un registro de este tipo de sumarios».

Baudino dijo que «todo lo relacionado con violencia de género es una preocupación central, apostamos mucho para la atención de casos externos, junto a la Superintendencia de Políticas de Género de la Policía, a cargo de la Comisaria Mayor Sonia Zampelunghe».

«Pero no dejamos de lado la preocupación de lo que pasa adentro de la policía», aseguró y consideró que «es fundamental la formación del personal en género, pero también sabemos que tenemos que intervenir sobre la práctica».

Martínez se encontraba con lo que en la administración policial se llama «carpeta psiquiátrica», sin que eso signifique que tenga padecimientos mentales que lo exculpen del asesinato de Úrsula.

Baudino informó que «hay registro de tres denuncias y de dos ampliaciones realizadas por la familia de Úrsula. No sabemos si hay más en sede judicial».

«Estamos sobre el personal, con equipos, recorriendo el territorio para mejorar las respuestas en la atención, sabemos que tenemos problemas. Nos preocupan los agresores dentro de la institución», finalizó la directora.