La Cámara de Diputados buscará avanzar en su próxima sesión con el proyecto del oficialismo que establece un abordaje integral de la violencia institucional en las fuerzas policiales y servicios penitenciarios y que apunta a atender a las víctimas y a fortalecer la capacitación de los diferentes cuerpos de seguridad.

Si bien aun no está convocada la sesión, fuentes parlamentarias estimaron que el proyecto de violencia institucional será uno de los proyectos incluidos en el temario de la convocatoria prevista para los próximos días, que sería la última antes del inicio del receso invernal.

El proyecto ya recibió dictamen la semana pasada, en un plenario conjunto de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos y Garantías, que presiden la diputada Paula Penacca (Frente de Todos-CABA) y su par Hugo Yasky (FdT-Buenos Aires), respectivamente.

La iniciativa contó con el respaldo en pleno del FdT, en tanto que Juntos por el Cambio presentó un dictamen propio de minoría, al igual que la izquierda.

Fuentes parlamentarias no descartaron que la iniciativa sea finalmente aprobada por consenso, si se avanza en el recinto con algunas modificaciones planteadas desde el arco opositor.

«Es un avance muy grande para reafirmar el compromiso de nuestro proyecto político con los derechos humanos. Lamentamos que la oposición no haya acompañado. Sin embargo, vamos a seguir trabajando, porque este tema tiene que superar las diferencias partidarias. Creemos que el mensaje es hacia la sociedad en su conjunto», aseguró Penacca.

La diputada, coautora de la iniciativa, destacó que se trata de una problemática que debe resolverse «con una transformación cultural profunda» y en ese sentido abogó por «poder sancionarla pronto, porque va a ser un avance para el conjunto de la sociedad».

Desde la oposición, el radical Alejandro Caccace (UCR-San Luis) destacó la relevancia del debate y en ese sentido recordó que «en gran parte de la Argentina han ocurrido hechos atroces de violencia institucional». «Por eso considero de suma importancia esta ley», puntualizó.

La iniciativa, siguió Caccace, debe constituirse en una «oportunidad» para que las provincias «cumplan con los compromisos asumidos por el Estado (nacional) en materia de derechos humanos».

Entre otras modificaciones, el radicalismo busca incorporar al proyecto una ampliación del alcance para que involucre a todos los actores estatales que tienen responsabilidad ante situaciones de violencia institucional, incluso responsabilidad política.

Además, pretende modificar el capítulo que refiere al sistema de participación en manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad para, señalan desde la UCR, proteger la libertad de expresión.

Desde la izquierda, la diputada nacional Mónica Schlotthaier (Izquierda Socialista-FIT) consideró que la ley «debería arrancar por anular los miles de causas armadas de gobiernos peronistas, radicales y del PRO contra los luchadores sindicales y sociales».

En esa línea, afirmó: «Hay que terminar con la criminalización de los que reclaman derechos. No más Guernica ni Puente Pueyrredón. No más (Gildo) Insfrán, ni represión estatal a las luchas», afirmó aunque al mismo tiempo mostró reparos ante la iniciativa al considerar que el proyecto en debate «no prohíbe las detenciones arbitrarias, que abundan en todo el territorio nacional».

El tratamiento del proyecto comenzó en febrero pasado y contó con cinco reuniones informativas, en las que expusieron familiares de víctimas de abuso policial, trabajadores de prensa, sindicatos, integrantes del LGTBIQ+ y organismos de derechos humanos.

También participaron el Servicio Penitenciario Federal, el Comité Nacional para la prevención de la Tortura, la Defensoría del Pueblo de la ciudad, el Ministerio Público de la Defensa de la CABA, la Defensoría General de la Nación, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), la Secretaría de políticas integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

La iniciativa promueve «generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional».

En ese sentido, el proyecto habilita una instancia administrativa para «solicitar una reparación económica en los casos de desaparición forzada de personas, homicidios y lesiones gravísimas que configuren hechos de violencia institucional».

El proyecto, además, busca «afianzar políticas de bienestar del personal policial», para lo cual propone «garantizar la protección de su integridad psicofísica y promover el fortalecimiento de la formación y entrenamiento profesional como medidas preventivas de la violencia institucional».

El texto también propone «la creación de centros de denuncias para casos de violencia institucional, que serán atendidas por personal civil ajeno a las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios, que deberá haber cumplido la capacitación obligatoria en género dispuesta por la Ley Micaela».

Asimismo, la iniciativa establece que «se deberán promover facilitadores interculturales para las jurisdicciones en las que exista población originaria, y que las vías de denuncia serán gratuitas, de fácil acceso y contarán con amplia difusión».

Por Silvina Angiono para Agencia Télam