La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, aprobó el Código de Ética para ese organismo, con el propósito de promover una política integral de transparencia y la implementación de estrategias para la lucha contra la corrupción, informaron fuentes oficiales.

El documento, que atiende el marco normativo vigente donde se destacan la ley de Ética Pública, número 25.188, y el Código de Ética de la Función Pública, establecido por el decreto 41/99, es de aplicación obligatoria para quienes se desempeñan en el organismo y rige los vínculos que se establezcan con los ciudadanos, oferentes, adjudicatarios, contratistas y toda otra persona ajena a la AFI.

Con respecto de la lucha contra la corrupción, la información señala como punto de partida en la nueva gestión el año 2020 con la creación del Comité de Ética, integrado por la Oficina Anticorrupción y la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

El Código prescribe principios y pautas de comportamiento en relación al compromiso de los integrantes de la AFI a los intereses de la Agencia, la responsabilidad en el ejercicio de las funciones encomendadas, el trato igualitario y no discriminatorio, el cumplimiento de la normativa vigente, y la responsabilidad en el uso de los bienes de la Agencia.

También aborda la capacitación constante; las comunicaciones hacia el exterior del organismo, los conflictos de intereses, las incompatibilidades previstas, la integridad personal, la prohibición de conductas de acoso e intimidación, las relaciones internas, las relaciones con personas externas al organismo, la presentación de declaraciones juradas, las pautas para un ambiente seguro, y las sanciones ante posibles incumplimientos.

Caamaño recordó en el mensaje que antecede al Código, que uno de los ejes de trabajo encomendados por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, es «llevar a cabo una gestión transparente» y la realización de las actividades propias de la AFI».

Estas actividades deben estar «guiadas por elevados estándares de honestidad, transparencia, trabajo en equipo, profesionalismo, ejemplaridad pública, confidencialidad, responsabilidad y un total apego a los lineamientos establecidos en la normativa de inteligencia nacional vigente en nuestro país», agrega.

Puntualiza que en la redacción del documento «la Intervención buscó resguardar el Estado de Derecho, el principio republicano de gobierno y el principio de soberanía popular, así como terminar con el uso arbitrario del secreto el cual comprometía las bases del sistema democrático previsto en la Constitución Nacional».