El Senado de la Nación procurará ratificar el próximo miércoles las leyes económicas enviadas por el Poder Ejecutivo y el Consenso Fiscal firmado entre el Gobierno nacional y las provincias, en una sesión especial en la que además deberá confirmar a sus autoridades para el nuevo año legislativo.

La vicepresidenta Cristina Fernández firmó el pasado viernes el decreto de convocatoria a sesión preparatoria para el miércoles a las 14 y una hora después el llamado a la última sesión especial extraordinaria del año para sancionar leyes con incentivos para la ciencia y la construcción, aprobar pliegos de embajadores y avalar un resarcimiento a familiares de víctimas del submarino ARA San Juan, que se hundió en 2017.

En la preparatoria, el oficialismo buscará en primer término revalidar el mandato de la senadora del Frente de Todos por Santiago del Estero, Claudia Ledesma Abdala, como presidenta provisional del Senado, y la oposición de Juntos por el Cambio mantendrá al radical Martín Lousteau como vicepresidente, informaron fuentes parlamentarias.

También continuarán en sus cargos el senador por Misiones del Frente Renovador de la Concordia, Maurice Closs, y la senadora del PRO Laura Rodríguez Machado, como vicepresidentes primero y segunda de la Cámara, de acuerdo a los portavoces.

En la misma sesión preparatoria, previa a la apertura del período de sesiones ordinarias que dejará inaugurado el presidente Alberto Fernández el 1° de marzo, los legisladores ratificarán a Marcelo Fuentes como secretario parlamentario, a María Luz Alonso como secretaria administrativa y a Juan Tunessi como prosecretario parlamentario.

Una vez concluida la elección de las autoridades, los senadores llevarán a cabo la última sesión extraordinaria del año, en la que buscarán convertir en ley proyectos con sanción de la Cámara de Diputados.

Se trata de incentivos para el sector de la construcción y para la ciencia y la tecnología, el Consenso Fiscal firmado entre el Gobierno nacional y las provincias, un resarcimiento para los familiares de las víctimas del ARA San Juan y los pliegos de las designaciones de los embajadores de Cuba, Luis Ilarregui; de Bolivia, Ariel Basteiro, y de China, Sabino Vaca Narvaja.

En primer término, los senadores debatirán el Consenso Fiscal firmado entre el presidente Fernández y los gobernadores, que otorga 70 mil millones de pesos a las provincias para reactivar sus economías, prohíbe el aumento de la deuda pública y suspende procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.

El entendimiento fue firmado el 4 de diciembre último en un acto que se realizó en la Casa Rosada.

Casi todas las provincias firmaron el acuerdo. No lo hicieron San Luis y La Pampa, que brindaron su apoyo pero no rubricaron el documento porque tampoco habían adherido al anterior pacto fiscal, y la Ciudad de Buenos Aires, enfrentada con el Gobierno nacional por la reasignación de fondos coparticipables.

En el segundo de los proyectos, impulsado por el Poder Ejecutivo para reactivar las obras en el sector privado, se exime del impuesto de Bienes Personales a las inversiones destinadas a la construcción de inmuebles nuevos durante dos años y otorga un crédito fiscal para computar contra este impuesto igual al 1% del monto invertido.

Además, se determina que las personas que declaren voluntariamente activos en pesos o dólares y los destinen a obras nuevas pagarán un único impuesto (con alícuota creciente en el tiempo) y se les otorgará un «blanqueo fiscal» respecto a lo que pudiera corresponder por esos fondos, además de una serie de beneficios en acciones judiciales y administrativas.

De acuerdo al proyecto, las personas que declaren sus capitales antes de los 60 días de promulgada la ley pagarán un impuesto del 5%, mientras las que lo hagan después de esa fecha, y hasta los 90 días, pagarán un único tributo del 10 %, y las que realicen su declaración desde ese día y hasta 120 días abonarán 20%.

En un plenario de senadores realizado el miércoles pasado, el secretario de Políticas Tributarias del Ministerio de Economía, Roberto Arias, destacó la necesidad de «incentivar inversiones en construcciones» y explicó que «básicamente la propuesta está orientada a atender la problemática en la industria de construcción que entre 2018 y 2019 tuvo una caída muy importante en la cantidad de empleo registrado por la crisis macroeconómica».

El tercer expediente a tratar el miércoles prevé un aumento progresivo del financiamiento de la ciencia y la tecnología y para ello establece que los recursos para el área serán del 0,28% del PBI para 2021 y del 1% del PBI en 2031.

La propuesta fue aprobada en consenso entre las principales fuerzas políticas, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio y recibió dictamen favorable en un plenario el pasado miércoles.

La presidenta de la comisión de Ciencia y Tecnología, Silvina García Larraburu (Frente de Todos-Río Negro), afirmó que con esta iniciativa se logrará «mayor previsibilidad» y se busca «asegurar crecimiento y expansión del sistema científico y tecnológico».