La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó la declaración de emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas por el término de dos años, contenida en un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.

En la primera sesión del año, los legisladores bonaerenses trataron el pliego que suspende la ejecución de sentencias de desalojo y los cortes de servicios públicos por falta de pago para esas firmas.

«Esta ley es importante porque no sólo frena los desalojos en las fábricas recuperadas y suspende cortes por falta de pago de los servicios públicos, también pone en valor a las fábricas recuperadas en la provincia de Buenos Aires en un contexto difícil», indicó la diputada del Frente de Todos Lucía Klug.

La legisladora señaló que «es importante que como Estado podamos tender este tipo de puentes».

También por el oficialismo, la diputada Patricia Cubría consideró que este «proyecto genera oxígeno y da tiempo a las fábricas recuperadas» y sostuvo que lo «mínimo que le debemos a los trabajadores es su seguridad jurídica e institucional».

Además, destacó que la iniciativa haya sido originada en el Poder Ejecutivo porque, dijo, «demuestra que al gobernador le preocupan los trabajadores de la provincia».

El proyecto de ley, girado ahora al Senado provincial, destaca que el plazo de la emergencia será por dos años, con la posibilidad de poder extenderlo si fuera necesario, y declara de interés provincial el proceso de la recuperación de empresas por parte de sus trabajadores.

Además, como se indicó, deja suspendidas las ejecuciones de desalojo contra esas cooperativas, como así también el remate de los bienes de las entidades por parte de la Justicia.

Además, suspende los cortes de servicio y señala que los prestatarios tienen que otorgar un plan de facilidades de pago para poder cancelar las deudas que tengan esas empresas.