El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, consideró que es «necesario» avanzar hacia una nueva Ley de Alquileres, y propuso al organismo que encabeza como ámbito de conciliación para mediar entre los inquilinos y propietarios ante cualquier tipo de problema que pueda surgir entre las partes.

«El debate de una nueva ley es necesario. Los inconvenientes generados a partir de la pandemia dejaron en claro que la discusión en el Congreso debe estar guiada por la importancia de contar con una legislación protectora», sostuvo en un comunicado.

En cuanto a la informalidad, señaló que hay personas que, por ejemplo, subalquilan parte de su vivienda al alquilar de palabra una habitación, y consideró que «es clave darles un piso de protección».

Por otro lado, aseguró que «la fórmula de actualización de la nueva ley no fue útil», y en su evaluación de la Ley de Alquileres vigente consideró que «la indefinición inicial del costo del alquiler durante los tres años de duración del contrato» generó «conflictos» tanto para locadores como para inquilinos.

«Es importante trabajar en una dinámica que contemple el contexto, las experiencias y realidades de las partes», exhortó.

En su análisis, Lorenzino también hizo hincapié en que «las cargas de honorarios para las y los inquilinos generaron un peso adicional a las condiciones generales de ingreso a una vivienda, por lo que es necesario revisar también este ítem».

A su vez, propuso avanzar en una mediación previa obligatoria en juicios seguidos por desalojo, para lo cual llamó a modificar el artículo 5° de la Ley 13.951.

«Es importante que tanto las y los locadores como inquilinos e inquilinas cuenten con un ámbito de conciliación para dirimir controversias que apunte a reducir la conflictividad y que brinde una protección institucional. La Defensoría podría ser un espacio ideal para que esto suceda», expresó.

De todas formas, el Defensor del Pueblo manifestó que «hay cuestiones de la ley vigente muy importantes y positivas, como la notificación electrónica o la posibilidad de resolver en forma anticipada los contratos destinados a vivienda», a los que definió como «puntos muy importantes y valiosos para tener en cuenta en el debate de la nueva ley».