Por Hugo Yasky, diputado nacional por el Frente de Todos, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

A 20 años de la masacre de Avellaneda, en que las fuerzas policiales a las órdenes de los gobiernos nacional y bonaerense de ese entonces asesinaron a balazos a los militantes populares Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, sólo se condenó a los autores materiales de ese crimen.

La causa judicial que investiga a quienes dieron las órdenes políticas continúa trabada por el Poder Judicial y genera el legítimo reclamo de los familiares y compañeros de las víctimas para que se haga justicia completa.

Paralelamente a acompañar ese reclamo de justicia, es necesario para el movimiento popular, poner en dimensión el significado político del impresionante y determinante proceso de lucha que se generó en aquel invierno de 2002 de manera unitaria para cerrarle las puertas a una salida por derecha a la crisis de 2001.

En las grandes luchas de esos primeros años del siglo confluyeron las distintas vertientes de la resistencia al neoliberalismo.

Los movimientos de desocupados, las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, fueron construyendo desde abajo en la segunda mitad de la década del ’90 la impugnación social del menemismo.

El desguace de las empresas estatales, las reformas educativas privatistas, la destrucción de la industria nacional, el endeudamiento externo y la valorización financiera llevadas adelante por la colonización neoliberal de los dos partidos mayoritarios producía la mayor crisis política de nuestra historia.

En ese marco, desde los espacios de resistencia confluíamos en experiencias como el Frente Nacional contra la Pobreza, que reclamaba la creación de la AUH y el seguro de empleo y formación, la unidad en la acción de la CTA y el MTA, los grandes cortes de ruta, entre otras luchas.

Después de la crisis del 19 y 20 de diciembre, cuyas víctimas y sus familias también continúan la lucha por justicia completa, el intento de las clases dominantes de imponer una salida represiva chocó con la unidad del pueblo en calle para hacer imposible, no sólo la aspiración electoral del presidente interino Eduardo Duhalde, sino la gobernabilidad a fuerza de ajuste y mano dura.

No en vano la tapa del 28 de junio de 2002 del diario que expresa a ese poder fáctico decía «La crisis causó dos nuevas muertes». No sólo buscaba ocultar la represión estatal como causa real de los asesinatos de Maxi y Darío. También abonaba al clima de caos que reclamara una solución violenta a la «crisis» que esos mismos sectores dominantes había provocado.

El pueblo argentino, gracias a la lucha en unidad de las organizaciones populares y los organismos de derechos humanos, no se comió esa curva. Lo cual hizo posible la apertura de una etapa donde se avanzó en la ampliación de derechos sociales y económicos y, al mismo tiempo, en la derogación de las leyes de la impunidad respecto al terrorismo de Estado.

La movilización popular ante la Masacre de Avellaneda fue, en definitiva, parte sustancial de la apertura de un recorrido de conquistas y avances populares que marcó la primera década y media de este siglo. Esto fue posible porque la unidad en la calle fue construyendo una correlación de fuerzas favorable al campo popular. Esa es una gran enseñanza que nos dejan aquellas luchas para las que tenemos que asumir en el presente.

Necesitamos recuperar la movilización de nuestro pueblo, la presencia de nuestro pueblo y de los trabajadores en la calle, para luchar por objetivos que tienen que ver con construir la posibilidad de abrir, en esta crisis, espacios que nos permitan no quedar encerrados en el juego que ellos nos proponen.

Ellos nos quieren convencer que hagamos lo que hagamos vamos a perder. Es la vieja política de la clase dominante en la Argentina. Ser capaces de advertir cuál es la correlación de fuerzas, tiene sentido si es para imaginar los caminos para modificar esa correlación de fuerza, a favor de los sectores populares.

Unidad y movilización son las herramientas que tenemos como pueblo para modificar el statu quo y no resignarnos a que los dueños de las cosas sean quienes imponen los márgenes de acción para adueñarse de nuestro pasado y de nuestro futuro.