El Gobierno bonaerense creó hoy en la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el “Observatorio Político Criminal del Delito y las Conflictividades”.

Lo hizo mediante la resolución 1132 publicada en el Boletín Oficial, donde se destacó que uno de los objetivos del Observatorio será el de recopilar, sistematizar y analizar los datos e información acerca del delito y el sistema penal en la provincia de Buenos Aires así como producir estadísticas.

Además, deberá desarrollar un sistema de información permanente de orden consultivo que brinde insumos a diversos organismos con competencia en política criminal para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas que garanticen la prevención y persecución penal eficaz del delito y la gestión de las conflictividades sociales desde una perspectiva de análisis criminal e intervención estratégica.

El área además tendrá que elaborar informes generales para su posterior consideración por parte del Subsecretario de política criminal; generar espacios de articulación y cooperación con organismos gubernamentales, sociales y académicos, para intercambiar y actualizar información de manera permanente; y promover y poner a consideración del Subsecretario la celebración de convenios y acuerdos de cooperación interinstitucional.

El Observatorio estará integrado por tres profesionales o técnicos en Ciencias Sociales, un profesional o técnico en Informática y un administrativo.

En los fundamentos de la iniciativa, que lleva la firma del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, se indicó que «resulta indispensable para el diseño de la política criminal y en la elaboración de planes y programas que, toda la información obtenida por el citado Observatorio, sea estudiada y analizada, de forma sistemática para la elaboración de informes generales para su posterior publicación y divulgación en la sociedad».

Asimismo, se planteó que «resulta propicio la articulación y cooperación entre la Subsecretaría de Política Criminal y otros organismos gubernamentales, sociales y académicos, con el objetivo de lograr intercambiar y actualizar información de manera permanente y actualizada, logrando así impulsar el desarrollo de insumos esenciales para la planificación virtuosa y precisa de políticas públicas multiagenciales y focalizadas en las necesidades sociales».