El plantel de Colón de Santa Fe se entrenó hoy con custodia policial debido a la presencia de barrabravas en la práctica del martes, que derivó en la suspensión de los trabajos de la víspera, en tanto el presidente José Vignatti pidió «despojarse de hipocresía» respecto del accionar de los hinchas violentos en el fútbol.

A la vez que los jugadores volvieron a las prácticas en el predio 4 de Junio a las órdenes del técnico Adrián Marini, Vignatti se reunió con el ministro de Seguridad de la provincia, Rubén Rimoldi, tras lo cual dijo que respecto de la violencia en el fútbol «hay que despojarse de hipocresía».

«Acá hay que despojarse de hipocresía. Todo el que rodea al fútbol sabe como nosotros (los dirigentes) estamos ahí en el límite y queremos hacer respetar y respetamos todas las instrucciones que nos dan las autoridades», indicó Vignatti al ser consultado sobre una supuesta connivencia dirigencial con los barras.

En declaraciones realizadas a la salida de la sede del Ministerio de Seguridad, el titular «sabalero» añadió que «no somos Robin Hood ni nada por el estilo, somos simplemente directivos que van a trabajar ad honorem al club y de tratar (de conseguir) éxitos deportivos».

Vignatti sostuvo que «en el ámbito que se está manejando hoy somos ajenos», en relación a la violencia, y dijo que los dirigentes intentan «colaborar con la Justicia y con la policía».

Vignatti dijo que sobre el apriete de los barras «está actuando la Fiscalía» y que ellos como comisión directiva deben ser «muy reservados para que las autoridades hagan lo que tienen que hacer».

El dirigente dijo que iba a presenciar la práctica del plantel, avaló la decisión de los jugadores de no entrenarse en la jornada de ayer y dijo que la realización del partido contra Argentinos Juniors, previsto para el lunes, no corre riesgos.

«En una situación así se han sentido conmocionados y respetamos la decisión de los jugadores, pero no creo que el partido corra peligro», añadió.

La causa judicial es llevada adelante por la fiscal Laura Urquiza, de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó un allanamiento en el predio 4 de Junio con el fin que se secuestren las cámaras de seguridad para intentar identificar a los hinchas violentos.