La asociación Justicia Legítima expresó su «sorpresa y honda preocupación» por el fallo de la Corte Suprema a favor del pedido de clases presenciales del Gobierno porteño, y dijo que el tribunal busca «favorecer determinados intereses políticos-partidarios» y que hay «imperiosa necesidad de una profunda reforma judicial».

«Está claro, jurídicamente, que más allá de la amplitud de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, ésta tiene facultades, concurrentes y propias, en materias de educación y salud, como así también en muchas otras. Pero está claro, también, que la situación de emergencia sanitaria que se vive, va más allá de los límites de la Ciudad para abarcar a todo el país», dijo Justicia Legítima en un comunicado.

«Lo que pase sanitariamente en la Ciudad, repercute en todo el territorio argentino. Frente a esta realidad, es obvio que las decisiones en materia de salud corresponden al Gobierno Nacional», aseveró.

La entidad que agrupa a jueces y fiscales dijo que «ha tomado conocimiento, con sorpresa y honda preocupación», del fallo de la Corte.

«Impedir, transitoriamente, la presencialidad educativa es una decisión en materia de salud. Así lo entiende el fallo, pero no legitima esa decisión, pues dice que los fundamentos dados por el Gobierno Nacional en su decreto de Necesidad y Urgencia no son suficientes», dijo Justicia Legítima.

Sostuvo además que «es elemental que esos fundamentos no son materia opinable que puedan ser revisados por el Poder Judicial. Son típicas cuestiones no justiciables. Pero, aún más, los fundamentos son públicos y notorios. Un crecimiento exponencial de casos y una capacidad hospitalaria cerca del límite, obligan a tomar medidas, por supuesto que temporales».

«Eso está fuera de la esfera de los Tribunales. La preocupación de Justicia Legítima parte de verificar que, ante la meridiana claridad de la situación fáctica, la Corte avanzó sobre competencias ajenas, poniendo en peligroso entredicho la republicana división de poderes», afirmó.

Y agregó: «Las decisiones políticas son del Poder Ejecutivo, no del Judicial. Sólo podría entenderse este avasallamiento en la voluntad de la Corte de favorecer determinados intereses políticos-partidarios, poniendo en riesgo la convivencia democrática de los argentinos. Y eso es extraordinariamente grave. Comporta otra razón más de la imperiosa necesidad de una profunda reforma judicial».