El director ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Juan Brardinelli, afirmó que la sanción económica de $ 780 millones impuesta a 26 empresas de agroquímicos busca ser un «punto de inflexión» para que las compañías del sector comiencen a cumplir con la ley que las obliga a recuperar los envases vacíos de fitosanitarios.

Brardinelli advirtió que alrededor de 12 millones de envases vacíos que no fueron recuperados por las compañías agroquímicas que «no se sabe dónde están» y que la sanción aplicada por la dependencia bonaerense «paren con este daño ambiental» y cumplan con la legislación que las obliga a recuperar los recipientes vendidos a los productores.

Días atrás el OPDS sancionó a 26 empresas productoras e importadoras de fitosanitarios con una multa de más de $ 780 millones por incumplimiento de la Ley 27.279 que establece la recuperación y tratamiento de los envases vacíos de agroquímicos por ellas comercializadas, además de que apercibió a otras 100.

El no retiro y tratamiento puede tener diversas consecuencias, con impacto tanto en el ambiente como en la salud de las personas, indicó a Télam Brardinelli.

Los mismos pueden ser reutilizados para el transporte de otros líquidos, como detergentes o agua tras su recomercialización, pueden ser reciclados de manera no formal y pasar a formar parte de platos o botellas que estarán en contacto directo con las personas o si se queman, son enterrados o directamente dejados al aire libre, constituyen un peligro para el medioambiente.

Según el organismo, estas compañías solo recogieron el 8% de los 13 millones de envases que fueron declarados en 2019, lo cual fue considerado como un incumplimiento a la norma vigente.

Bajo este panorama, Brardinelli explicó que «no sabemos dónde están los 12 millones de envases que faltan. Lo que necesitamos y a lo que apuntamos con estas multas es a que sea un punto de inflexión para que esto empiece a recuperarse (los envases) de manera real hoy».

«El gobernador Axel Kicillof nos pide que cuidemos la salud y el ambiente de los bonaerenses, y este tipo de contaminación no reconoce fronteras provinciales o municipales. El plástico que se recicla de manera no formal va para cualquier provincia», agregó.

En este sentido, el funcionario bonaerense explicó que el tema de la gestión de los envases vacíos de agroquímicos «es un problema ambiental serio».

«De hecho, es la primera ley ambiental de responsabilidad extendida del productor porque es un problema serio y los daños no son menores, pero si difusos. Lo que queremos con esto es que no se siga propagando esta mancha de contaminación difusa», remarcó Brardinelli.

Según dicta la Ley 27.279 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios, que fue reglamentada en 2018, la empresas que venden productos fitosanitarios están obligadas a organizar, operar, mantener y financiar un sistema de gestión integral de envases, el cual debe ser aprobado por la autoridad competente de cada provincia.

«La idea de esta Ley es facilitar que todos estos plásticos sean recuperados. El impacto ambiental es difuso y es un residuo que necesitamos que este controlado» y agregó: «Vemos que nos está faltando un pedazo del proceso. Ya no podemos concebir que ese bidón no es responsabilidad de ellos».

«Queremos que las empresas paren con este daño ambiental, el cual es fácilmente evitable, porque hay un objeto material que hay que sacar de circulación y no es difícil de hacerlo. A lo que nosotros apuntamos y esperamos es a que las empresas tomen conciencia de eso», concluyó.

Según explicó a Télam el Director Provincial de Residuos Especiales y Patogénicos de la OPDS, Federico Walhberg, a partir de la reglamentación de la Ley en 2018, las empresas de agroquímicos, que en su gran mayoría actuaron conjuntas al asociarse en una fundación llamada Campo Limpio, tenían para presentar un plan de acción de gestión de los envases un plazo de 270 días que venció en junio de 2019.

Esos planes fueron revisados por la OPDS y observados para que se hagan las adecuaciones «para que puedan funcionar».

«Tuvieron varias oportunidades para adecuarse y varias devoluciones con observaciones del OPDS para que mejoren su plan. Hubo un trabajo que hicimos con las empresas para que eso sucediera. Inclusive se les mandó más de mil cartas documento alertando a las empresas de que no estaban cumpliendo, que no se estaban adecuando. Hubo muchos avisos previos antes de llegar a esta situación», marcó Walhberg.

Campo Limpio rechazó esta acusación al considerar «las sanciones impuestas carecen de fundamento».

Las empresas presentarán su descargo en la OPDS y de no aceptar la multa, pasa a tratarse en el Poder Judicial, indicaron desde la OPDS.