La provincia de Buenos Aires recurrió ante la Corte Suprema de Justicia el fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que consideró que las torturas infligidas por militares argentinos a jóvenes conscriptos durante la guerra de Malvinas se encuentran prescriptas.

La presentación se hizo a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos que radicó un recurso extraordinario federal.

El reclamo a la CSJN solicita revertir el fallo de la Sala I que con las firmas de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña -la jueza Ana María Figueroa votó en disidencia- hizo lugar al recurso presentado por la defensa del militar Jorge Ferrante.

Esa decisión anuló el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que había declarado crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles, a las torturas cometidas en las islas y había confirmado el llamado a indagatoria del imputado.

La causa por las torturas en Malvinas investiga hechos (estaqueamientos, lesiones, torturas y otras degradaciones) ejecutados hace 39 años.

El expediente lleva 14 años de trámite, y de quedar firme lo resuelto por la Sala I de Casación, se configuraría la impunidad de sus responsables.

En el escrito presentado ayer martes a la Corte, la querella de la Subsecretaría sostuvo la responsabilidad internacional del Estado argentino en el juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos.

La querella indicó que «los crímenes investigados están efectivamente alcanzados por la categoría de crímenes contra la humanidad del derecho penal internacional, y por otra parte, se dieron acabados motivos para considerar que los delitos en cuestión constituyen delitos de lesa humanidad y/o graves violaciones a los derechos humanos».

Asimismo, se remarcó a los magistrados que «es imprescindible señalar que el fallo que se impugna, tampoco tuvo en cuenta las conclusiones del Informe Rattenbach ni de los archivos de las Fuerzas Armadas sobre la guerra de Malvinas, que fueron incorporados a la causa con posterioridad al fallo de Casación en el caso ‘Taranto'».

«Es imposible escindir los crímenes cometidos contra los soldados conscriptos por los que se busca justicia en Malvinas «de lo que fue la maquinaria del terrorismo de Estado en el continente», subrayaron.

Para la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense «lo resuelto por la Sala I, no solo reviste gravedad institucional con miras a la debida preservación del imperio constitucional, convencional y del derecho internacional de los derechos humanos, sino que las cuestiones que se ventilan en esta causa superan los intereses de los partícipes, de tal modo que ella conmueve a la comunidad entera en sus valores más sustanciales y profundos».

Es por ello que la subsecretaría solicitó a la Corte promover el avance de las actuaciones a los efectos de que éstas culminen «en la sustanciación de un juicio oral y público celebrado ante un tribunal oral».