Por Jesica Sarmiento (*)

En los últimos años, el concepto bioeconomía comenzó a incorporarse en las agendas de diversos países y organismos internacionales.

Aunque no hay una definición unánime del concepto (Befort, 2020), hay cierto acuerdo en que la bioeconomía es una alternativa para hacer frente a desafíos futuros globales, tales como: el cambio climático, el agotamiento de los recursos fósiles, y una mayor demanda de bienes y servicios, debido al crecimiento poblacional y, en especial, al crecimiento de la población urbana.

El concepto fue empleado inicialmente por el estadista y economista rumano, Nicholas Georgescu-Roegen, en la década del ’70 del siglo pasado.

Si bien el autor planteaba la necesidad de compatibilizar el consumo y modo de producción del mundo desarrollado con la sustentabilidad ambiental y la inclusión de la población excluida del acceso y uso de los recursos naturales.

En la actualidad, los debates y actividades en torno a la bioeconomía ya no hacen foco en los límites al crecimiento, sino a la búsqueda de nuevas posibilidades y formas de crecimiento (Meyer, 2017).

En Argentina, el concepto fue incorporado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MINCYT) a partir del 2013, por medio de programas sectoriales de financiamiento.

Además, se realizaron diversos simposios nacionales y regionales que permitieron crear un ámbito de información, discusión e interacción entre distintos actores públicos y privados vinculados a la bioeconomía, apoyados por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Como resultado, la bioeconomía, junto con la biotecnología, se integró en los Planes Nacionales Argentina Innovadora 2020 y 2030. El Ministerio de Agroindustria definió el concepto como «el aprovechamiento de los recursos biológicos para la producción sustentable de bienes y servicios», dándole entidad en la estructura organizacional en 2017 con una Dirección Nacional.

La biodiversidad y la disponibilidad de biomasa (1) ganan centralidad en la bioeconomía a nivel nacional. Esto se traduce en un enfoque territorial que pone en valor la especificidad de los recursos biológicos y de las capacidades y conocimientos locales que permitirían la explotación de los mismos.

Las primeras políticas asociadas al término se vinculan con el aprovechamiento de recursos biológicos con fines energéticos, como ser los regímenes de promoción y uso de biocombustibles y de fuentes renovables de energía para la generación de energía eléctrica.

Aunque la estrategia nacional promueve un desarrollo más equitativo del territorio, se observa cierta tendencia hacia el desarrollo casos puntuales en la zona centro-noroeste del país.

Dentro de los objetivos de la estrategia nacional de bioeconomía, el crecimiento económico y el desarrollo sustentable son prioritarios. Pero la sustentabilidad no se presenta como una condición intrínseca, por lo que existe el riesgo de que sus prácticas adopten un carácter extractivo (Trigo et al 2016).

A fin de avanzar hacia el desarrollo de la bioeconomía, se requiere una combinación de políticas que generen los incentivos para el aprovechamiento y creación de nuevas actividades basadas en la biomasa existente.

Políticas productivas y ambientales que aseguren el mantenimiento de los ecosistemas y la biodiversidad, la productividad de los recursos, y el control de la contaminación.

Políticas que incluyan las áreas de ciencia, tecnología y la innovación, el desarrollo de los recursos humanos, orientadas a promover y facilitar el desarrollo de usos novedosos de los recursos. Nuevos instrumentos de regulación, promoción y financiamiento que se ajusten a las necesidades y características de los sectores productivos, buscando promover no solo el desarrollo de actividades directamente asociadas a la cadena agroindustrial.

(1) Se considera biomasa toda la materia orgánica de origen biológico (vegetal o animal), no fósil, incluyendo los materiales procedentes de su transformación natural o artificial, tales como los cultivos energéticos, residuos agrícolas y forestales, estiércol o biomasa microbiana.

(*) Lic. en Economía, investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro-CIETES (Centro Interdisciplinario de Estudios en Territorio, Economía y Sociedad) y del Conicet.