Un expolicía que había sido condenado a 12 años de prisión por el homicidio de Víctor Balza, el joven que fue asesinado en 2003 luego de recibir un balazo cuando lo detuvieron en el partido bonaerense de Quilmes, quedó preso en las últimas horas por orden del Tribunal que lo juzgó en 2015, al quedar firme su sentencia, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Norberto Darío González (42), quien fue apresado en su domicilio por disposición del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 quilmeño, luego de que la apelación de su defensa ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires fuera denegada por «inadmisible» y el abogado de la madre de la víctima pidiera su inmediata detención.

«Después de 18 años es la primera vez que está preso, la sensación que tenemos luego de tanta lucha es de un poco de alivio porque se hizo Justicia por mi hijo», dijo Nora del Valle Torres, mamá de Balza (18).

Los jueces Gustavo Farina, Mónica Rodríguez de Piuma y Juan Martín Mata ordenaron la detención del excabo del Subcomando de Don Bosco luego de un pedido del abogado Santiago Bongiovanni.

El letrado, quien tomó el caso hace un mes, hizo la presentación dado que el 30 de octubre de 2019 la Suprema Corte bonaerense había denegado por «inadmisible» el recurso de queja presentado por la defensa.

«Si bien todavía puede resolver la Corte Suprema de la Nación, las instancias provinciales ya se agotaron y entonces correspondía que se ejecutara la sentencia y se empezara a cumplir la condena», afirmó Bongiovanni.

El 29 de junio de 2015, el TOC 5 de manera unánime condenó a González a 12 años de prisión por el delito de «homicidio agravado por el uso de arma de fuego» y ordenó que no vaya a la cárcel hasta que el fallo quede firme en segunda instancia.

«Fue muy duro para mi y para mi familia todos estos años pero gracias a Dios al fin llegó y está detenido», expresó Nora.

Ese juicio, el tercero que hubo en el caso, había comenzado el 21 de mayo cuando el por entonces abogado particular de González pidió que se declare prescripta la acción penal, pero el Tribunal no hizo lugar a la solicitud y el letrado lo recusó.

La recusación tampoco prosperó, tras lo cual, el acusado desistió de continuar con la representación de un abogado, por lo que se le asignó un defensor oficial.

Recién entonces comenzaron las testimoniales, entre las cuales se destacó la de un policía que participó del procedimiento en el que detuvieron a Balza y que ratificó ante el tribunal que tanto éste como los otros sospechosos que lo acompañaban estaban «desarmados» al momento del tiroteo.

El hecho ocurrió el 8 de noviembre de 2003 cuando policías a bordo de dos móviles del Subcomando de Don Bosco se enfrentaron con un grupo de sospechosos en la villa Itatí y en el procedimiento detuvieron a Balza y a otro joven al que le secuestraron un fusil Mauser.

«Hubo una persecución con dos delincuentes y mi hijo salió a correr cuando vio que hubo un enfrentamiento con los policías que dejaron a escapar a esas personas y ahí le dan el disparo a cuarenta centímetros de distancia por la espalda», recordó la madre.

La víctima fue trasladada a la comisaría 2da. de Bernal y al día siguiente murió en el Hospital de Wilde a raíz de un tiro que le ingresó por el glúteo izquierdo y quedó alojado en el hígado.

En la autopsia se determinó que la víctima presentaba un impacto de posta de goma en la cabeza, sin perjuicio de que no fue la herida que le provocó la muerte, ya que se dio por probado que lo mató un balazo disparado por González luego de que se cotejara el proyectil extraído del cuerpo de la víctima.

De acuerdo con la defensa de González, tres médicos, uno de Policía y dos de una sala de primeros auxilios, revisaron a Balza durante su detención y no detectaron esa lesión. Si bien en un primer momento fueron imputados, resultaron sobreseídos por la Cámara de Apelaciones de Quilmes.

«Víctor falleció después de 36 horas sin atención médica, hicieron como que no vieron nada y para ellos era mejor dejarlo morir porque si hubiera tenido asistencia tenía posibilidades de vida, pero no lo intentaron», afirmó Nora, quien añadió: «Él trabajaba y ayudaba en un comedor comunitario y también estudiaba en la parroquia de Don Bosco».

En 2009, el ex policía fue juzgado por el TOC 1 de Quilmes pero el proceso se anuló porque la defensa recusó al tribunal por «parcialidad».

Luego, en 2010, el TOC 4 quilmeño condenó al ex cabo a 11 años de prisión por «homicidio simple» pero en 2012 el Tribunal de Casación Penal bonaerense revocó la sentencia por considerarla «incongruente» y con «falta de fundamentación», y ordenó realizar el tercer juicio.

«Ninguno de mi familia tuvo antecedentes policiales, siempre fui una mujer de trabajo, por eso luché por pedir justicia por mi hijo porque no era un malviviente y si así lo hubiera sido no correspondía lo que le hicieron que es lo que le siguen haciendo a muchos jóvenes. Luché con respeto hacia la memoria de mi hijo, que era inocente, nunca bajé los brazos a pesar de que tuve muchos años amenazas», concluyó su mamá.