La jueza federal María Romilda Servini dictó la falta de mérito a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, en el marco de la causa en la que se la investiga como supuesta responsable de la filtración de información que le había sido solicitada por la justicia en el marco de un expediente judicial.

La magistrada sostuvo que no hay elementos para dar por probada la responsabilidad de Caamaño en los hechos investigados, a la vez que dispuso que la investigación continúe, según confirmaron fuentes judiciales con acceso al expediente.

La interventora de la AFI había prestado declaración indagatoria el 16 de julio, oportunidad en la que negó haber sido responsable de la filtración de información, detalló los recaudos tomados a la hora de responder la requisitoria y pidió su sobreseimiento.

Cuando declaró ante la jueza Servini y el fiscal Eduardo Taiano, Caamaño explicó que “la AFI, al remitir la información tomó todos los recaudos necesarios para proteger su contenido de conformidad con las exigencias que la normativa impone en materia de diligenciamiento de documentos clasificados y adicionalmente se le brindó a la autoridad judicial requirente pautas claras de actuación que -de haberse cumplido- hubiesen impedido cualquier tipo de filtración».

La indagatoria duró unos 45 minutos, en los que Caamaño dio detalles sobre cómo entregó el material a la fiscalía de Lomas de Zamora a cargo de Cecilia Incardona en el marco de la causa en la que se investigan las supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas desde la Agencia de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri sobre dirigentes políticos, gremiales, sociales y hasta periodistas.

La información contenida en el acta era de tipo administrativa e incluía, por ejemplo, fechas de designaciones de agentes para cumplir funciones en el exterior, lo que generó que algunos de los mencionados denunciaran la filtración ante la Justicia que ahora investiga si se cometió algún delito y, en tal caso, quién es el responsable.

Caamaño explicó que, como primera medida, el material se mandó en formato papel para dificultar su reproducción y acompañado de una resolución que «contiene explicados de manera puntillosa los fines con los que se desclasificó la información, su carácter secreto, y la forma y el ámbito en que podía ser utilizada».

En esa resolución se indicaba que «no se permitía la reproducción, duplicación o divulgación de la documentación o información, ya sea a través de medios técnicos o humanos» y que «para el caso que la autoridad judicial requirente considerara necesario el acceso a la información y documentación allí desclasificada era preciso se arbitraran las medidas necesarias para que la compulsa que se realizara, llegado el caso, fuera personal y en la sede judicial donde aquella se encontraba», según indicó Caamaño ante la Justicia.