El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, y el secretario general de la Gobernación, Federico Thea, anunciaron la formación de comisiones y avanzaron con el proceso de participación ciudadana para la redacción de leyes destinadas a actualizar, modernizar y agilizar los procedimientos judiciales de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de los anteproyectos del nuevo Código Procesal de Familias, Civil y Comercial que incorpora los principios del Código Civil y Comercial y las leyes de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Mujeres, Salud Mental, Defensa del Consumidor y Mediación; reconoce la existencia de condiciones de vulnerabilidad, perspectiva de género y permite la realización de trámites procesales con la implementación de tecnologías y un sistema ágil de notificaciones.

Durante esta jornada, en un encuentro virtual los funcionarios bonaerenses se reunieron con representantes de colegios de abogados, asociaciones de magistrados, autoridades universitarias y organizaciones de la sociedad civil.

La Ley de Abogadas y Abogados de los Niños, Niñas y Adolescentes busca garantizar su Derecho Humano a ser oídos y a participar en los procesos judiciales: incorpora el principio de edad y autonomía progresiva; incluye la perspectiva de género y de infancia en la normativa provincial y promueve políticas públicas que garanticen estos derechos esenciales.

La propuesta de Ley de Responsabilidad del Estado, en tanto, apunta a la recepción de los principios establecidos por la jurisprudencia sobre el tema, principalmente, la de los tribunales provinciales; propicia un abordaje propio del derecho público que procure arbitrar razonablemente el interés público con los derechos constitucionales y convencionales afectados y legitima la regulación mediante la intervención del Poder Legislativo.

Por último, el anteproyecto de Ley de Ética Pública y Transparencia tiene como principios rectores establecer un sistema de promoción, impulso y garantía de la integridad y la transparencia en el ámbito provincial basados en la prevención y con un enfoque transversal de derechos humanos, género y diversidad para lograr una función pública igualitaria, equitativa y sin discriminación.

Prevé además la capacitación obligatoria en ética pública para toda la Administración provincial y la incorporación en los programas de estudio de todos los niveles educativos.